La Knesset israelí ha aprobado un proyecto de ley racista que impone la pena de muerte para los palestinos. La ley estipula que la ejecución es obligatoria para que los jueces sentencien a los palestinos, incluso si la fiscalía no la solicita, con un plazo de 90 días para su implementación. Esta ley se aplica a cualquier palestino que “deliberada o negligentemente” cause la muerte de un israelí. Dado que los palestinos luchan contra un régimen colonial de asentamiento, una lucha de liberación, esta ley es completamente ilegal según el derecho internacional de los derechos humanos. Criterios tan vagos —donde “negligentemente” puede significar casi cualquier cosa— representan una inversión clásica de la culpabilidad colonial. Al proyectar la culpa sobre los colonizados, el Estado oculta el hecho de que la mayoría de los israelíes han tolerado pasivamente un genocidio que ha causado miles de muertes palestinas. Además, dada la evidencia documentada de tortura sistémica en las prisiones israelíes, debemos preguntarnos: ¿cuántos serán ahorcados debido a confesiones falsas o forzadas?
Esta ley es un salto radical; sin embargo, no es sorprendente. Sigue a un aumento alarmante de la violencia de los colonos en Cisjordania, movimientos legislativos hacia la anexión de facto y un sistema legal que ya cuenta con más de 50 leyes que discriminan entre judíos y no judíos. Esta es probablemente la ley más racista desde la Alemania nazi, más racista que cualquier ley en la Sudáfrica del apartheid.
Organismos internacionales, incluidos la ONU, Oxfam y Amnistía Internacional, han advertido que estas medidas violan las Convenciones de Ginebra y el derecho a la vida. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos describió la ley como un “crimen de guerra” y “patentemente inconsistente” con las obligaciones internacionales. Desde la prohibición de la UNRWA hasta la tortura sistémica y las guerras ilegales en el Líbano e Irán, las acciones de Israel amenazan todo el orden mundial basado en reglas establecido después de la Segunda Guerra Mundial.
El Acuerdo de Asociación UE-Israel exige la adhesión a los derechos humanos, un estándar que Israel ha incumplido definitivamente durante varias décadas, de manera aún más flagrante con esta nueva ley. Como Global Jews for Palestine, exigimos que la UE suspenda su Acuerdo de Asociación. También hacemos un llamado a todos los gobiernos para que impongan sanciones inmediatas y severas, incluido un embargo total de armas. Aplaudimos la creciente campaña global de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), dirigida a la complicidad económica, política, académica y cultural con el régimen de apartheid colonial de asentamiento israelí. Los palestinos han convocado una jornada de acción el 17 de abril contra esta ley draconiana en el Día de los Presos Palestinos.
Global Jews for Palestine, que representa a 25 organizaciones en seis continentes, está consternada por el comportamiento criminal del Estado de Israel. Como activistas por la justicia social, declaramos que Israel no actúa en nuestro nombre.
